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. En teoría, en México todas las personas tienen derecho order HZ-1157 algún servicio de salud. Sin embargo, de acuerdo a Urquieta y Villarreal (2015), en la práctica muchas personas carecen de cobertura de salud efectiva. Más aún, el acceso a una cobertura de salud efectiva se correlaciona con ingresos altos. Por lo tanto, existe el reto de proveer una verdadera cobertura de salud pública para todos los mexicanos, ya que cuatro quintas partes de la población están clasificadas de manera oficial como económicamente vulnerables. . México es un caso extraño; si bien está clasificado como un país de ingreso medio, al excluir los ingresos petroleros y considerar los ingresos fiscales y las contribuciones de seguridad social, sus ingresos apenas alcanzan 17% del pib, incluyendo las cuotas a la seguridad social. Esta cifra es muy baja en comparación con países de menores ingresos de Centroamérica, por ejemplo. Si se asume la existencia de un sistema universal de salud pública, ¿los contribuyentes deben tener acceso a beneficios diferenciados respecto a quienes no contribuyen? Si la respuesta es positiva, se establecería un sistema dual. Si la respuesta es negativa, ¿cuál sería su beneficio por contribuir? El problema es que el gobierno mexicano no puede darse el lujo de perder el ingreso generado por las contribuciones de seguridad social. . Los pasivos contingentes suelen yacer olvidados y enterrados, por no decir ocultos, en las estadísticas oficiales. Sin embargo, representan un riesgo enorme para los sistemas de seguridad social. Por lo general no se reconocen de manera explícita como deuda, pero numerosos gobiernos tienen la obligación legal de hacer explícitos los compromisos fiscales tanto en pensiones como en salud. Este tema presenta tres problemas específicos. I) Problemas de economía política; las obligaciones tienden a ser adquiridas muchos años antes de su manifestación, lo que incentiva a los actores políticos a adoptar un comportamiento irresponsable. II) La dificultad de hacer proyecciones o estimaciones precisas ante cambios en los parámetros, inter alia en esperanza de vida y cambios en los costos, debidos a avances tecnológicos. III) La falta de previsión financiera por parte de los beneficiarios directos. iii). Infraestructura En la literatura académica existe el consenso de que la inversión pública en infraestructura puede jugar un papel clave en el crecimiento económico. Si se ejecuta bien, genera mejoras en el bienestar de la población, como han argumentado Bom y Lighthart (2013, 2014) y Ganelli y Tervala (2016). Sin embargo, el financiamiento de esta inversión presenta grandes retos. Uno de ellos es la falta de recursos fiscales suficientes para cerrar la brecha de infraestructura (ver cepal, 2016). Otro problema, con implicaciones intergeneracionales, surge de que las generaciones que financian la inversión en infraestructura no necesariamente son las que se benefician del “sacrificio” (Lee and Mason, 2011). Un riesgo grave es que, a diferencia de lo que ocurre en el caso educativo y de seguridad social, en este caso no resulta tan claro quiénes son los beneficiarios de la inversión. Por ello, existen grandes incentivos para sub invertir o para recortar el gasto en infraestructura en aras de la consolidación fiscal. Esto obstaculiza el crecimiento económico, lo que a su vez puede crear presiones fiscales en el futuro.
Conclusiones La crisis financiera de 2008 cambió el juego. La política fiscal del país viró hacia déficit que, si bien fueron moderados en comparación a los de otros países, han generado deuda pública adicional de cerca de 14% del pib. La reforma fiscal que implementó el actual gobierno, aunada a los cambios en la política hacia de subsidios/ impuestos a los combustibles, generó recursos adicionales (). Sin embargo, el desplome de los precios internacionales del petróleo y la disminución de la plataforma de producción petrolera nacional contrarrestan dichos ingresos adicionales. Eso sin considerar aumentos en rubros importantes del gasto público.